Para el experto en nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) Pablo Andrés Rivero esta forma tradicional de dar cuenta de la gestión ya no es suficiente. "Hoy existe una tendencia mundial que promueve la liberación de datos a través de las nuevas tecnologías, con el fin de que el ciudadano realice un seguimiento y control social más efectivo de estos procesos”.
Los datos abiertos son accesibles y reutilizables, sin exigencia de permisos específicos. No obstante, los tipos de reutilización pueden estar controlados mediante algún tipo de licencia. El concepto datos abiertos responde a una "filosofía y práctica, que persigue que determinados tipos de datos estén disponibles de forma libre para todo el mundo, sin restricciones de derechos de autor, de patentes o de otros mecanismos de control”, se lee en el sitio Open Knowledge Foundation.
En la actualidad, explica Rivero, hay una alianza internacional de datos abiertos, promovida por organizaciones de la sociedad civil, a la que se han sumado más de 60 gobiernos que se han comprometido en convertirse en gobiernos abiertos, algunos de ellos de la región como México.
¿Cómo va Bolivia en este tema?
En el país se han dado algunas iniciativas aisladas en oficinas como el Servicio Estatal de Autonomías (SEA) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que se animaron a liberar algunos de sus datos. Sin embargo, han sido iniciativas que se han logrado gracias a la voluntad de sus representantes, pues en Bolivia no se tiene una ley de gobierno abierto para la transparencia y tampoco se promueve la liberación de datos.
En el caso del TSE se "liberaron datos, antes de las elecciones subnacionales de 2015. Datos sobre el número de votantes (edad, sexo, municipio, macrodistritos y hasta número de inscritos por mesa)”, recuerda Rivero.
También se liberó datos sobre los resultados de anteriores elecciones. "Eso no quiere decir que hayan dado a conocer datos personales de los votantes”. La experiencia llamó al debate sobre la pertinencia de hacer pública esta información. "Hay quienes consideran que no se deberían abrir los datos del padrón electoral porque incluye información personal de los inscritos”. Otros consideran lo contrario, pues "el padrón es de dominio público y conocerlo serviría a las organizaciones para hacer un control sobre los resultados”.
En el caso del Servicio Estatal de Autonomías, en septiembre de este año se llevó adelante la primera hackathon (reunión de desarrolladores) en una oficina estatal para elaborar prototipos para la liberación de datos, como leyes y fichas autonómicas.
"Esta iniciativa nació de la directora ejecutiva del SEA. Coordinamos con el Observatorio de la Bolivia Autonómica, que maneja datos valiosos sobre la entidades territoriales autónomas referidos a su demografía, composición y otros”, cuenta Gabriela Bascopé, jefa de la unidad de comunicación de esa oficina.
Para esta hackathon se liberaron todas las leyes municipales que el Servicio Estatal de Autonomías maneja, además de las fichas autonómicas que dan cuenta de datos de los gobernantes y las características de cada municipio.
Se convocó a equipos de programadores y periodistas para que realicen un análisis de los datos y propongan prototipos que permitan al ciudadano conocer los procesos, legislatura y otros detalles de sus municipios.
Al evento, denominado #HackPúblico, se inscribieron tres equipos. El ganador, conformado por Williams Chorolque y Ariel Canaviri, propuso una plataforma que albergue las leyes municipales en formato de datos abiertos, es decir: no en pdf, ni en imagen, sino en un formato que permitirá al ciudadano acceder al texto y poder hacer búsquedas específicas. En esa oportunidad, los ganadores accedieron a un fondo para desarrollar el prototipo.
Transparencia y legislación
En el país se han dado tímidos pasos en la búsqueda de transparencia y acceso a la información. Se ha creado una Agencia de Gobierno Electrónico, con la que se busca mayor eficiencia en el servicio que las oficinas estatales brindan al ciudadano. Sin embargo, a decir de Rivero, aún no se tiene una legislación sobre gobierno abierto que impulse la transformación de la información a datos abiertos, en términos de transparencia, pese a que la Constitución Política del Estado promueve esto.
Por ejemplo, en el parágrafo II de la Sección IV de Ciencia, Tecnología e Investigación establece que : "el Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación”.
Mientras que, en su artículo 242 , apartado 4, la norma indica que el Estado debe generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. "La información solicitada por el control social no podrá denegarse y será entregada de manera completa, veraz y oportuna”. ¿En qué medida se cumple esto?
A decir de Rivero, en el país se tiene una Ley de Transparencia y Control Social que establece que toda instancia pública debe presentar sus datos, pero éstas lo hacen en función de sus resultados. "Es un power point que no le servirá de mucho al ciudadano porque no podrá conocer el proceso”.
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