El “Gobierno Abierto” es la doctrina política que sostiene que los temas de gobierno y administración pública deben ser abiertos a todos los niveles posibles para la transparencia, dinámica que requiere la creación y fortalecimiento constante de espacios efectivos de participación y colaboración ciudadana. Concepto que ha venido tomando fuerza en varios países y se ha consolidado como una oportunidad para cambiar la forma y sistema tradicional de gobernar y, que de hecho, hoy ha logrado la generación de la plataforma de “Estados por el Gobierno Abierto”, más conocida como el Open Government Partnership o OGP por sus siglas en inglés, plataforma de la cual muchos países del mundo ya forman parte y dentro de la cual ya vienen ejecutando su primer o en algunos casos su segundo plan de acción para el gobierno abierto, donde Bolivia es uno de los pocos países de la región que aún no forma parte de la plataforma.
Un Gobierno Abierto asume el compromiso de garantizar que la administración y operación de todas sus acciones estén abiertas al escrutinio de todas las personas, pudiendo la ciudadanía participar de las decisiones que se toma en su nombre, como también colaborar en la búsqueda de soluciones a los problemas públicos, siendo los pilares o componentes del Gobierno Abierto la transparencia (rendición de cuentas efectiva, acceso a la información pública, otros), la colaboración (el gobierno incorpora en la gestión la colaboración y apoyo de la ciudadanía haciéndola parte en la toma de decisiones), la participación ciudadana (espacios efectivos de participación como construcción de presupuestos participativos, observatorios ciudadanos de la gestión pública, auditorías sociales, etc.).
Si bien existe una serie de acciones que hacen al gobierno abierto, una de las fundamentales como el acceso a la información, rendición de cuentas y otras viene a ser los “Datos Abiertos”, ejercicio a través del cual la información que se produce se encuentra en formato abierto y disponible de forma libre, sin restricciones de derechos de autor, de patentes o de otros mecanismos de control o restricción de lectura o inclusive copia. Un ejemplo claro es aquél donde los documentos cargados en los portales web de instancias de Estado están en formatos abiertos como hojas de cálculo o de texto, contrario a lo que habitualmente sucede con información cargada en formato PDF o escaneado, el cual de esa forma restringe la revisión, análisis, uso y por último escrutinio público de la ciudadanía.
Con el avance de las tecnologías y nuevas aplicaciones muchas organizaciones de la sociedad civil, entre ONGs y fundaciones, en coordinación con desarrolladores, universidades y otros vienen construyendo nuevos mecanismos para fortalecer el uso de los Datos Abiertos a través de nuevas aplicaciones o herramientas web o móviles. En esa línea, el 21 de febrero por segundo año consecutivo en varios países del mundo y vecinos se celebró el “Open Data Day”, espacio en el que se desarrollan aplicaciones, liberan datos, se crea visualizaciones y se publica análisis de datos públicos abiertos que muestran y alientan la adopción de políticas de apertura de datos e información de los gobiernos locales, regionales y nacionales del mundo, información que trabajada de esa forma constituye insumo importante para la toma de decisiones y la generación de políticas públicas.
En ese sentido, es necesario en el país comenzar a impulsar este tipo de iniciativas desde el Estado, sociedad civil, universidades y demás actores de manera coordinada, para luego de dar el salto al Gobierno Abierto buscar uno siguiente al Gobierno Electrónico.
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