“El 50 por ciento de la información del Estado no la tiene el Estado, la tienen los gringos”

No tiene problemas en confesar su apego al liderazgo del Presidente. “Yo he venido por el proceso de cambio. Evo Morales tiene una fama increíble en Europa, en el ámbito de la izquierda, y aparece desde ahí como una esperanza que ya no hay en Europa”, confiesa a CAPITALES.

Sylvain Lesage, director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), dependiente de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, llegó a Bolivia en 2009 después de haber obtenido una licenciatura en Telecomunicaciones en su natal Francia. Tiene un doctorado de la Universidad de Rennes, donde estudió Procesamiento de Señales.

CAPITALES (C). ¿En qué punto nos encontramos en esa visión del Gobierno nacional de ser tecnológicamente soberanos?
Sylvain Lesage (SL). La ley de 2011 ha sido muy clara con el tema de priorizar el software libre, que es un tipo de software que uno puede copiar libremente, puede modificar, no tiene que pedir a un editor de software, como de Microsoft, “por favor póngame esta funcionalidad”. Yo la puedo analizar, la puedo aumentar, la puedo distribuir. Es exactamente el equivalente de la investigación científica, que así funciona: se transfieren los conocimientos y uno va ayudando al otro, y al otro, y al otro, y así crece y obtenemos resultados de mejor calidad.

El Estado está iniciando a partir de este año su migración hacia el software libre; es decir, en siete años, hasta 2022-2023, ya no comprará ninguna licencia de Microsoft y de otras empresas. En algún caso puede haber una excepción, que está prevista por el decreto de 2013, pero en el 99% de los casos estaremos liberados tecnológicamente, por lo menos en el tema de software. Sin embargo, como bien sabe, ahora cuando maneja Google Docs, maneja Drop Box, maneja Gmail, todos estos servicios en realidad no son software libre, al final son servicios web, entonces tampoco ha cambiado la figura. Antes era muy claro: Microsoft tiene un monopolio que oprime a los gobiernos y del cual nos tenemos que liberar. La figura ha cambiado un poco con la incorporación de internet, ahora el tema es dónde están alojados los datos.

C. ¿Y en este tema cómo estamos?
SL. Hay muchos compañeros en el Estado (Plurinacional, en realidad en el Gobierno), que no manejan cuentas institucionales de correo sino Gmail, porque es más fácil; no manejan sus archivos dentro de los servidores de la institución sino que los ponen en Dropbox, porque es más fácil compartir, etc. Eso significa que el 50% de la información del Estado no la tiene el propio Estado, pero los gringos la tienen.
Entonces, tenemos ahí un problema de soberanía tecnológica que es en lo que estamos trabajando también; tenemos que reforzar esta soberanía con infraestructura de servidores y de red propia, de Estado, de forma que tengamos el control y la confidencialidad sobre nuestros datos.

C. ¿Cómo están trabajando desde su oficina gubernamental para reducir la brecha digital?
SL. Una de nuestras misiones es reducir la brecha digital, ayudar con proyectos que ayuden a hacer que la población se empodere, sepa manejar las tecnologías en bien de la ciudadanía en general.
Hemos hecho un proyecto durante dos meses de cursos a jóvenes de 14 y 15 años, de La Paz y El Alto, donde les hemos enseñado programación de sitios web. Muchos nunca habían ni tocado una computadora y después de dos meses podían hacer una página web. Nada extraordinario, sabemos que los jóvenes aprenden rápidamente, tienen muchas capacidades.
Lo único es que queremos que el colegio les brinde este conocimiento, porque ya se van a desenvolver en un mundo digital, los medios en línea, las redes sociales, en su trabajo tendrán que manejar la herramienta informática y, si no tienen el control, van a estar perdidos, no van a ser ciudadanos informados. Entonces, queremos empoderar a los jóvenes.
Hemos hecho un pequeño esfuerzo con 100 alumnos, pero queremos sobre todo difundir la experiencia para que surjan otros proyectos, (que) surja la demanda hacia el Ministerio de Educación de que se amplíe, se incorpore más la tecnología.

C. ¿Cuál es la visión que tiene el Estado boliviano respecto a este tema?
SL. Para acortar la brecha digital una de las visiones es la cobertura, lo que significa infraestructura, Entel y el Viceministerio con la ATT. Es inversión, mucha plata que hay que invertir. A la vez, acceder a todos los lugares con el satélite.
Y lo otro es acceso internacional de mejor calidad: actualmente solo tenemos un acceso mediante Chile, muy caro. Estamos buscando otras vías, por Perú, Uruguay, quizás por Argentina, mediante el anillo de fibra óptica que está trabajando Unasur, para de esta forma poder incorporarnos dentro de la internet mundial, para bajar los costos.
La otra forma es por la capacitación, la educación. Queremos que los estudiantes no solamente sean consumidores de tecnologías, utilicen servicios gringos, sino que aprendan a programar, a crear contenidos locales en sus idiomas —que pueden ser diferentes al castellano—.
Que internet, que ha sido una revolución, permita a cada uno ser productor de su propio contenido, tener su propia voz; no solamente como la TV, ser consumidor de un contenido producido por otros.

C. ¿Nos habla de la educación enfocada, por ejemplo, al uso de las redes sociales?
SL. Ahí tenemos una relación muy cercana de los ciudadanos con cualquier otra persona, como un gobernante, un investigador, un periodista, lo que sea; mediante las redes sociales, que son una maravilla, podemos acceder, expresarnos como ciudadanos. Pero hay que entender que implica también una educación: lo que se publica una vez está para siempre, hay que tener cuidado.
A veces uno piensa que está en su entorno pero, en realidad, puede tener una repercusión pública encadenada. Con nuevas herramientas vienen también nuevas formas de educación.

C. En este momento hay una polémica por la propuesta de regulación de las redes sociales. ¿Es posible hacerlo y cuál es su recomendación antes de dar este paso?
SL. Nuestra posición siempre ha sido considerar internet y las redes sociales como un medio que es como el teléfono, es decir, hablamos de las estafas, de la trata y tráfico de personas mediante internet, entonces, ¿por qué no tipificamos también (esos delitos) por teléfono?
Puede haber algunos delitos adicionales de tipo penal que puedan surgir a raíz de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), pero pensamos que casi el 99 por ciento de los casos ya existe la tipificación: discriminación racial, discriminación de género, insultos, calumnias. Todo eso ya existe, que sea mediante un periódico impreso, un periódico en línea, una red social, etc., si hay una prueba fehaciente se puede proceder. Se ha visto que en los juicios vale como prueba hasta una captura de pantalla de Whattsap.
Entonces, mi punto de vista es más considerar a las redes como un medio y no aumentar quizás otras tipificaciones que van, más que todo, a restringir las libertades sin tener un efecto práctico. En algunos casos se tiene que castigar, porque hay violaciones claras de agresiones que se tienen que sancionar, pero pensamos que el aparato legal es suficiente actualmente.
Los temas de tipificación penal o civil, lo que es de ataque deliberado a la infraestructura, a buscar tumbar un sitio web, robar o borrar información, eso, específicamente tiene que ver con las redes informáticas, con las TIC, algo quizás se puede incorporar. Pero, aparte de eso, todos los otros casos deberían llevarse de la misma forma que si ha sido por teléfono, por carta o cualquier otra forma física.

C. ¿Usted maneja información actualizada respecto a la cobertura de internet y cantidad de usuarios en Bolivia?
SL. Por datos del Viceministerio de Telecomunicaciones sobre la cobertura, tenemos muy poco acceso por ADSL, por conexiones fijas, pero desde hace algunos años hay un boom de las conexiones por celular. Del total de usuarios de internet, el 96 por ciento accede a través de los celulares.
Al contrario de otros países, donde todo llegó por internet en la casa, en Bolivia se produjo por el celular. Con la expansión de la cobertura de Entel, en muy poco tiempo, hasta 2020, vamos a llegar a este acceso universal, es decir que cualquier ciudadano va a poder acceder a internet a un menor costo.

“Hay muchos compañeros en el Estado (Plurinacional, en realidad en el Gobierno), que no manejan cuentas institucionales de correo sino Gmail, porque es más fácil; no manejan sus archivos dentro de los servidores de la institución sino que los ponen en Drop Box, porque es más fácil compartir”

Firma digital, con valor legal de papel

Hasta ahora, la identidad de una persona que aprobaba un documento solamente era certificada con su firma, de manera individual y para cada caso. La introducción de la “firma digital”, para reemplazar a la escrita, permite omitir la presencia física del interesado y reducir la duración de los trámites, entre otros beneficios.

El ingeniero francés Sylvain Lesage, director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), dependiente de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, estuvo en Sucre y explicó a ECOS los alcances de este avance que acaba de introducir el Gobierno.

¿Qué es la firma digital?
La firma digital consiste en certificar la identidad de la persona que está aprobando un documento digital, informa Lesage. “Siempre hay la incertidumbre, al momento de enviar un mail, un documento, sobre el origen o su validez. Es muy fácil modificar el orden de contenidos en un documento digital”, apunta él.

Según el Director de la ADSIB, este mecanismo significa poner un sello que impide que se modifique el documento, además de certificar la autenticidad del firmante. “Es inviolable, es imposible de falsificar; esa es la garantía técnica”, aclara Lesage.

La garantía legal la da la Ley 164, aprobada en 2011, que reconoce que cualquier documento digitalmente tiene valor legal. “No se necesita una versión de papel, salvo en algunas excepciones como por ejemplo el Derecho de Familia; pero, en el 99 por ciento de los casos, la firma digital tiene valor legal del papel”.

La certificadora
Todos los países tienen una entidad certificadora. En el caso boliviano, se trata de la ADSIB, entidad descentralizada de la Vicepresidencia.

La ADSIB está encargada de ser la entidad certificadora pública, es decir, la que provee los firmas digitales a la población. “Es la única entidad certificadora de Bolivia, tiene el monopolio en el sector público”, remarca Lesage, quien reside en el país desde 2009 y tiene un doctorado en Procesamiento de Señales de la Universidad de Rennes (Francia). Explica que esta herramienta “no es de uso masivo para la población en general; pensemos que es más para entidades que cada día tienen que firmar, recibir, sellar una gran cantidad de papel. Ahí les será útil, habrá un importante ahorro económico”.

Menciona también entre las ventajas a la agilización de trámites, un flujo mayor de atención al cliente, en una institución o empresa. Ya está siendo utilizada en el Ministerio de Educación, el Rejab y, próximamente, en Derechos Reales. Todas las personas naturales pueden adquirir su firma digital, desde instituciones, pasando por empresas, hasta ciudadanos.

“Se puede aplicar en cualquier ámbito”, aclara el ejecutivo de la ADSIB.

Beneficios de la firma digital
1. Ahorro de tiempo: El tiempo es dinero. Uno puede firmar, mandar por email y un segundo después ese documento está al otro lado del país con valor legal, sin necesidad de pasar por un servicio de correspondencia física.
2. Fotocopia legalizada: Ya no es necesaria porque cualquier copia del archivo que ha sido firmado digitalmente tiene la misma validez.
3. Papel: Los archivos de papel, que llenan oficinas enteras, con diferentes riesgos de deterioro, se pueden manejar más fácilmente, tomando ciertos recaudos como copias de seguridad.
4. Celeridad y confianza: Se aceleran los procesos administrativos o trámites de instituciones y empresas, además de generarse un círculo de confianza y de transparencia.

AgeTIC prevé que todo el Gobierno utilizará este año la firma electrónica

Nicolás Laguna. El Director Ejecutivo de Agencia de Gobierno Electrónico y Comunicación (AgeTIC) destacó que la firma digital está respaldada por mecanismos de encriptación “muy complejos” y bases de datos que están resguardadas en bóvedas del Banco Central de Bolivia, así como en la Vicepresidencia del Estado. La firma digital es una herramienta electrónica que reemplaza a la rúbrica escrita y con la cual se pueden enviar documentos digitalizados a diversas entidades públicas y privadas.

El 9 de septiembre de 2015, el Gobierno creó, vía decreto, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (AgeTIC) con el fin de elaborar sistemas que automaticen la administración estatal, incluidos los trámites de la ciudadanía. Como primer paso, el 19 de febrero de este año, la agencia entregó 5.000 firmas digitales a la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) para operadores de comercio exterior y otras firmas a las universidades privadas Los Andes y San Francisco de Asís, para simplificar el trámite de titulación para sus estudiantes.

— ¿Qué beneficios trae la firma electrónica para la abreviación de procedimientos?

— La AgeTIC se creó hace cuatro meses con el objetivo principal de simplificar todos los procesos internos y externos del Estado y de generar una nueva forma de hacer gestión pública, más moderna y acorde a los tiempos actuales. Una de las herramientas que utilizará esta agencia para cumplir esta tarea es la firma digital, que autentificará los documentos enviados por los usuarios a través de internet, documentos que actualmente pueden ser alterados en el proceso de envío y recepción.

— ¿Quiénes son los responsables de garantizar la firma?

— La firma electrónica será entregada a las empresas, ciudadanos o quien la requiera en un dispositivo similar a un USB (que tiene un precio de entre Bs 300 y 370). Estará respaldada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), la primera como entidad certificadora de raíz y la segunda como entidad certificadora pública. Los (certificados digitales) de autenticidad se mantendrán en servidores que están en la bóveda del Banco Central de Bolivia (BCB) y en el data center de la Vicepresidencia. Por eso, es una inversión grande que el Estado ha hecho en términos legales, técnicos, normativos y de infraestructura.

— ¿Cuánto se invirtió para desarrollar este proceso?

— Solo la ADSIB invirtió aproximadamente Bs 1 millón. Los datos de la ATT no los tengo.

— ¿Qué procedimientos se utilizan para validar la autenticidad de una firma digital?

— Se utilizan mecanismos de encriptación, de criptografía muy complejos (...). Se usan algoritmos matemáticos y chips criptográficos que vuelven casi imposible vulnerar esos mecanismos.

— Entonces, ¿no es un procedimiento 100% garantizado?

— Es mucho más seguro que un mecanismo físico. Es mucho menos probable que una persona pueda falsificar la firma digital de otra. Es menos probable que alguien se atreva a modificar un documento firmado digitalmente y más probable que alguien intente falsificar una firma física.

— ¿Qué entidades ya están usando esta herramienta?

— La AgeTIC empezó su trabajo con el Ministerio de Educación, con un proyecto para universidades privadas, específicamente para el trámite del título de egreso y profesional. Antes, ese proceso tenía como ocho requisitos y duraba al menos 60 días o 1.440 horas; el nuevo procedimiento necesitará de dos requisitos y tardará aproximadamente 72 horas (...). Los 42 rectores de las universidades del país han estado muy motivados, atentos y deseosos de participar de este proyecto, por lo que se decidió que inicialmente se entregará entre dos y tres firmas electrónicas a cada universidad.

— ¿Que otras instituciones contarán con esta herramienta?

— Con la Aduana, el trabajo ha sido un poco más complejo, porque será la institución que otorgue el documento a los operadores de comercio exterior. Importadores, exportadores, transportistas y despachantes de aduana, entre otros, ya podrán operar sin documentos por los que tengan que ir hasta las oficinas de la ANB, la cual usará también esta herramienta en sus procesos internos (...). En un año o un poco más otorgará unas 5.000 firmas digitales, primero a los exportadores y luego a los importadores.

— ¿Quiénes más podrán contar con la firma electrónica?

— Inicialmente, las dos instituciones mencionadas. Sin embargo, ya estamos trabajando para que esta herramienta sea usada también por la Contraloría General del Estado, el Instituto Nacional de Seguros de Salud, Derechos Reales, la ATT, ADSIB, el Viceministerio de Telecomunicaciones, Entel y el Consejo de la Magistratura, para el tema de antecedentes penales. De a poco estaremos ampliando esta labor a otras entidades públicas. Esperamos que a fin de año, el nivel central cuente con la firma digital.

— ¿Las personas naturales y jurídicas pueden adquirir una firma electrónica?

— Para que una persona natural pueda adquirir una firma electrónica debe ingresar primero a firmadigital.bo, crear una cuenta y firmar un contrato con la entidad de certificación pública, que autoriza la creación de la herramienta. La confirmación de la producción de la rúbrica llega a la cuenta del usuario en dos o tres días y el interesado puede descargar ésta en el USB que adquirirá en oficinas de la AgeTIC. Luego se puede empezar a firmar. Para las personas jurídicas con cargo público (el procedimiento) es un poco más complejo, porque para la creación de la firma se necesita la autorización de la empresa o la entidad en la que el interesado esté desempeñando un cargo público.

Perfil

Nombre: Nicolás Laguna Quiroga

Profesión: Sociólogo

Cargo: Director ejecutivo de la AgeTIC

Sociólogo con experiencia en manejo de datos y medios

Laguna estudió Sociología en la Universidad Mayor de San Andrés. Fue Director Ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB) durante un año y nueve meses, previamente fue el responsable de datos en la Dirección de Participación Ciudadana de la Vicepresidencia del Estado por cinco años y medio. Participó del diseño y supervisión del proyecto de Infraestructura de Datos Espaciales del Estado Plurinacional de Bolivia. Fue editor de la publicación ‘El Plurinacional’ y parte del consejo editorial del quincenario ‘El Desacuerdo’. Actualmente es el director Ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Comunicación (AgeTIC), institución creada mediante el Decreto 2514 del 9 de septiembre de 2015.

Bolivia cuenta con la agencia gubernamental electrónica para agilizar trámites con el Estado

La tarde de este viernes, el vicepresidente del Estado, Álvaro García, participó en el acto de presentación de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), la cual se encargará de realizar trámites con entidades públicas y privadas, pago de impuestos, notificaciones judiciales, transacciones bancarias, contratos a distancia o documentos de comercio exterior, entre otros.

La autoridad dijo que esta agencia debe tener la capacidad de interconectar a las instituciones del Estado, "la AGETIC tiene el poder y los recursos para ingresar a cualquier ministerio o institución del Estado, siempre respetando las normas de la autonomía municipal y universitaria con el fin de facilitar y recortar la función pública que es validar y registrar en un minuto de forma transparente y oportuna", expresó el mandatario, según boletín institucional.

El objetivo es para que las personas accedan a los servicios y trámites estatales de manera simple, a la información pública de manera ágil, además, de ejercer control social a través de plataformas tecnológicas. Asimismo, presentó la firma electrónica digital para lo que se debe adquirir un dispositivo llamado "Toque", el cual tiene un costo de 300 bolivianos, y para mantenerlo anualmente se deben cancelar 195 bolivianos, en caso de personas particulares y servidores públicos, y las instituciones deberán pagar 370 bolivianos.

"El día de hoy estamos lanzando la firma digital, significa que las instituciones, empresas y las personas podrán hacer sus trámites con el Estado mediante soporte electrónico, sin necesidad de viajar hasta la ciudad de La Paz", explicó García Linera. En la oportunidad, la autoridad también lanzó el trámite de titulación digital para los universitarios, con el fin de ahorrar el tiempo, evitar la burocracia y agilizar sus trámites ante las universidades y el Ministerio de Educación.

"Antes, mínimo, les hacían tardar 30 hasta 90 días, a partir de ahora solo deben entregar su certificado de nacimiento y la universidad enviará los formularios firmados digitalmente, todo con la firma de las autoridades académicas y en tres o cuatro días se concluirán los trámites; de esa manera, los universitarios ya no perderán él tiempo", manifestó el vicepresidente.

Así también, informó que a partir de hoy, la Aduana Nacional, junto a más de cinco mil operadores, comenzará a utilizar la firma digital, con el fin de simplificar los trámites correspondientes al comercio exterior. Además, el dignatario de Estado afirmó que este sistema también simplificará las declaraciones juradas que se realizan en la Contraloría General del Estado, la otorgación de certificados de antecedentes policiales y recomendó a las autoridades la AGETIC que pueda ingresar a Derechos Reales, donde se registran quejas de la población por la demora en los trámites, al igual que en Sala Murillo y Sala Provincia y otras instancias.